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El conflicto de Papel Prensa: ¿Quién tiene la verdad?

31 agosto, 2010

Durante la historia argentina, hemos desarrollado luchas constantes entre capitalistas y socialistas, zurdos y fachos, y demás grupos antagónicos. Luchas que se han cobrado sus víctimas y que han dejado sus secuelas.

Si bien en un tiempo estos enfrentamientos fueron más silenciosos, hoy pareciera que resurgen con sed de justicia de la manera más viseral y arrasadora. Es que, como todos sabemos, luego de las heridas del último gobierno de facto, hemos desarrollado una principal tendencia hacia el otro extremo.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se ha dedicado a juzgar a los autores de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar; y su vehemencia a cerca de estos terribles actos, muchas veces la ha llevado a caer en el fundamentalismo o en el facilismo de mirar todo lo hecho durante ese período con los mismos ojos: los ojos del dolor.

Durante el año pasado, se discutió y finalmente se aprobó la polémica Ley de Radiodifusión y Medios Audiovisuales. Este hecho desató muchísima controversia entre el pueblo argentino. Controversia que aparejó un cambio en la estructura de los medios, y también una lluvia de recursos de amparo por la decisión tomada.

Uno de los cambios que se quiere aplicar es declarar como bien público a la producción de pasta celulosa, y garantizar así la igualdad de condiciones de acceso para todos los medios, evitando la importación.

Y he aquí una fuerte discusión que tiene relación con lo antes planteado. Papel Prensa S.A., perteneció hasta 1976 a los hermanos David e Isidoro Graiver. En ese año, y tras la muerte de David Graiver, la empresa se vendió a FAPEL S.A. a un precio muy bajo. FAPEL estaba integrada por los dueños de los diarios La Nación, La Razón y Clarín. La venta fue realizada en plena época del proceso militar por Isidoro Graiver y Lidia Papaleo de Graiver, esposa del fallecido David.

Las versiones comienzan a dividirse cuando se dice que Papel Prensa fue vendido a tan bajo precio debido a amenazas militares sobre los Graiver, versión que defiende Lidia Papaleo; y cuando se dice que en realidad los Graiver tenían una deuda con los integrantes del grupo Montoneros, y que por la urgencia de saldarla no tuvieron más remedio que desligarse de la empresa al precio que fuera, versión defendida por Isidoro Graiver.

El tema central aquí es los derechos que se violarían en el caso de que alguna de estas versiones fuera cierta: El gobierno acusa a Clarín, La Nación y La Razón de haber obtenido la empresa Papel Prensa con ayuda de los militares, por lo que estarían también involucrados en el secuestro de Lidia Papaleo, y en la dudosa muerte de David Graiver. Por otra parte, Clarín, La Nación y La Razón, dicen ser víctimas de un manejo del actual gobierno para poder quedarse con la producción de pasta celulosa, por lo que resultaría fácil deducir que el mandatario de turno podría incidir en las publicaciones de los medios gráficos.

Si el gobierno tuviera razón, los dueños de los tres diarios comprometidos quedarían dentro de las personas que deberían juzgarse por el secuestro de Lidia Papaleo. En este caso, encontraríamos comprometido el derecho a la Libertad Personal, desarrollado en el artículo 7 del Pacto de San José de Costa Rica, que expresa que son atribuciones de cualquier persona la libertad, la seguridad personal, el derecho a tener un encarcelamiento, -previamente notificado- con causas fijadas de antemano por la Constitución, así como también el derecho de recurrir ante un juez o tribunal competente.

Otro de los delitos en los que se incurriría sería el de la extorsión, desarrollado en el Art.168 del Código Penal, que expresa que: “Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.”

En el caso de que Clarín, La Razón y La Nación tuvieran la verdad, el Gobierno estaría violando el artículo 32 de la Constitución Nacional, que expresa que: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. Así como tampoco estaría respetándose lo establecido en el Inciso 3 del Artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que pronuncia la prohibición de restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, donde se enumera como uno de los ejemplos, al abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos.

Sin duda, este actual proceso representa una fuerte lucha, no sólo política, sino también legal, y esto es gravísimo para la nación argentina. Alguien miente, y debemos molestarnos todos por esclarecerlo. Que no nos baste la sola decisión de tomar una postura y defenderla. Comprometámonos también con la importancia que representa el saber la verdad, y el hacer las cosas de la manera más justa para todos.

En lo personal, no apoyo la decisión del gobierno de declarar la producción de pasta celulosa como bien público, ya que considero que sería una forma indirecta de controlar la prensa.

Con papel controlado por el Estado, tenemos noticias controladas de alguna manera por el Estado. Si a esto le sumamos la importante disminución de ventas que han sufrido los diarios en los últimos años, debido a la llegada de los portales web de noticias, tendremos en poco tiempo una desaparición agonizante y penosa de la prensa gráfica.

“Reinventarse o morir” dice una de las principales normas del periodismo, casi como parafraseando al mito del ave Fénix. Pero este no parece el camino más indicado para resurgir de entre las cenizas.

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