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Un país de necesidad y urgencia

27 abril, 2011

Cristina Fernández dejó sin efecto el límite establecido por ley a la intervención estatal en las empresas privadas. El país se revolucionó.
La historia de los DNU en los últimos 27 años (Por Florencia Liviero).
La historia de los DNU en los últimos 27 años (Por Florencia Liviero).

Hace poco más de dos semanas, Cristina Fernández dejó sin efecto una de laslimitaciones fijadas por ley a la participación del Estado en las empresas privadas. La medida consistía en impedir que el Estado nacional participe en mayor proporción al 5 por ciento en las acciones de cada empresa privada donde interviniera.

“En ningún caso las inversiones realizadas en una sociedad nacional o extranjera habilitarán para ejercer más del cinco por ciento (5%) del derecho de voto, en toda clase de asambleas, cualquiera sea la tenencia respectiva”

El inciso F del artículo 76 de la ley 24.241 fue derogado por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 441/11, que lleva la firma de Fernández y otros 13 funcionarios. En elboletín oficial publicado el 13 de abril se dieron a conocer los motivos:

  • Entra las razones, la Nación considera que “tal limitación traducía la especial preocupación del Estado Nacional por impedir que las AFJP intentaran controlar directa o indirectamente el gobierno de las sociedades objeto de sus inversiones”.
  • En este sentido, el interés jurídico perseguido “era evitar situaciones de posible conflicto de interés así como prevenir manipulaciones concertadas que repercutieran de manera disvaliosa en el mercado”.
  • Finalmente, en el boletín se considera asimismo que “la limitación se hallaba orientada a proteger el activo del fondo integrado por los recursos acumulados en las cuentas de capitalización, de manera tal de cuidar la adecuada generación de rentas que permitieran incrementar las cuentas individuales de los afiliados y diferenciarlo del patrimonio de la sociedad anónima que los administraba”.

Un poco más atrás. Durante la existencia de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), se adquirieron acciones en diversas empresas, con el objetivo de obtener mayor rentabilidad -con dichos fondos- para las administradoras.

Una de las limitaciones que tenían las AFJP sobre las empresas, era la de no participar en mayor medida de lo que podría hacerlo un accionista que poseyera el 5 por ciento, por más que sus divisas sean mayores.

En noviembre de 2008 se sancionó la ley que estatizó las AFJP, y que pasó a manos del Estado los aportes jubilatorios. En ese momento, el gobierno nacional dio como argumento la caída –en los meses anteriores– del 20 por ciento de los fondos de los 5 millones de trabajadores que estaban aportando al régimen de capitalización.

Pero el Estado no sólo adquirió los fondos, sino también la participación en las empresas: de igual manera se respetó el grado de participación, y la imposibilidad de nombrar directores. Con la derogación de esta limitación, el Estado obtiene el porcentaje de injerencia que le da su capital accionario, y la posibilidad de nombrar directores.

Empresas afectadas. El portal web de TN informó cuáles serán los nuevos porcentajes de intervención del Estado en algunas de las más de 40 empresas afectadas. En el detalle se puede observar a: Banco Macro (30,90%); San Miguel S.A. (26,96%); Gas Natural BAN(26,63%); Consultatio (26,62%); Edenor (26,41%); Gas Cuyana (26,12%); Siderar(25,97%); Telecom Argentina (24,98%); TGS (23,10%); Pampa Energía (22,48%); G. Conc. del Oeste (21,56%); Mirgor (21,54%); Emdersa (20,96%), Grupo Galicia (20,44%), entre otras.

De un lado y del otro. La medida generó polémica y despertó adhesiones y desapegos por parte de las empresas y de la ciudadanía en general. La norma en cuestión tomó un curso más político que administrativo, por lo que se escucharon distintas voces opinando sobre el tema.

De un lado, Guillermo Moreno defendió la medida y se expresó de manera enfática: “Cuando el Estado pone dinero se hace socio, y si es socio, quiero las condiciones que me corresponden como tal. Lo que estamos haciendo es cuidar los dineros de los trabajadores que fueron prestados, garantizar que estén debidamente cuidados”.

Amado Boudou justificó la decisión y anticipó que, de esta manera, “el Estado va a poder ejercer todos los derechos políticos para designar directores según la proporcionalidad que tiene en cada una de las firmas”.

Diego Bossio, titular del Anses, se expresó también a favor mediante su cuenta de Twitter, y declaró que “ la representación del Estado en empresas privadas que tienen oferta pública es lo más justo, y significa defender los derechos de trabajadores y jubilados”.

Del otro lado, se expresaron la AEA (Asociación Empresaria Argentina) y la UIA (Unión Industrial Argentina), que son las dos principales cámaras empresariales del país, rechazando la disposición mediante comunicados de prensa.

AEA afirmó que “para avanzar en el camino de un vigoroso desarrollo económico y social, es fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando por lo tanto el avance de la participación estatal en dicho ámbito que promueve el Decreto 441/11”; mientras que la UIA solicitó que “se revea la medida adoptada, reiterando que dentro del marco jurídico y de control que todo Estado debe ejercer, la promoción de la actividad empresaria privada es una de las claves del progreso del país.”

El vicepresidente de la Nación, Julio César Cobos, se mostró en desacuerdo con la medida y expresó que “para controlar a las empresas no hace falta estar en los directorios, hace falta que la AFIP actúe controlando la evasión o que lo hagan los organismos dedicados en ese sentido”.

Mauricio Macri también tomó una postura contraria al DNU, y se mostró duro con la entidad del decreto: “El Gobierno se apropió del manejo de la plata de los jubilados y, violando una ley, quiere tener mayor participación de la necesaria en las empresas”, arrojó el jefe de Gobierno porteño, y concluyó diciendo que “nada que se haga violando leyes está bien, más allá de que pregonen y digan que tienen buenas intenciones”.

Un poco más conciliador, el diputado alfonsinista, Ricardo Gil Lavedra, declaró: “No estoy en contra de que el Estado pueda intervenir en el mercado de capitales, o que las empresas puedan tomar préstamos estatales, y decidir con reglas previas hasta dónde una inversión institucional puede conceder o no derechos políticos. Ahí no hay una cosa sacrosanta, pero donde la hay es en donde se debe dar la discusión, que es en el Congreso”.

La entidad de un DNU. Los decretos de necesidad y Uurgencia (DNU) son normas que tienen validez de ley a pesar de ser dictadas por el Poder Ejecutivo. Una vez promulgado un DNU, debe analizarse en el Congreso y éste será quien determine si sigue vigente o no, tal como el artículo 99 de la Constitución Nacional lo indica.

Un DNU debe ser decretado sólo en casos excepcionales, cuando no sea posible seguir los pasos tradicionales para sancionarlo como ley mediante el Congreso. Además, no pueden sancionarse sobre materia penal, tributaria, electoral o sobre el régimen de los partidos políticos.

Una vez dictado el decreto, el jefe de Gabinete deberá dirigirse, en un plazo no mayor a 10 días, a la Comisión Bicameral del Congreso, donde se elevará un dictamen y se lo enviará a cada Cámara Legislativa para su tratamiento, plazo que tampoco deberá superar los 10 días. Durante este tiempo, el DNU tiene plena vigencia.

En tanto, cada Cámara del Congreso emitirá una resolución expresando su apoyo o rechazo al DNU: si el decreto es rechazado por ambas cámaras, pierde validez de forma permanente, pero quedarán a salvo los derechos que se adquirieron mientras el DNU tuvo vigencia.

Para derogar el decreto. Un proyecto de ley firmado por distintos legisladores y dirigentes políticos opositores, intenta derogar el decreto 441/11, por creer que “esto puede tornarse peligroso y hasta obstaculizar el normal desenvolvimiento” de las empresas.

Patricia Bullrich, Ruben Orfel Lanceta, Ricardo Rodolfo Gil Lavedra, Fernando Adolfo Iglesias, Hilma Leonor Re, Gustavo Alfredo Horacio Ferrari, Federico Pinedo, Marta Gabriela Michetti, Enrique Luis Thomas, Zulema Beatriz Daré y Claudia Mónica Rucci firmaron el proyecto, que critica duramente al DNU.

“Con la publicación del Decreto 441/11 se pone en evidencia la intención del Gobierno Nacional de utilizar el paquete accionario transferido desde las AFJP como control político hacia el sector privado, toda vez que al momento de sancionarse la ley 26.425 el oficialismo dispuso respetar el tope del 5 por ciento que ahora, luego de transcurridos dos años, se pretende eliminar”, fundamente el proyecto.

Pros y contras. Sin duda la medida dispuesta por el DNU 441/11 acarreará beneficios y perjuicios para la sociedad. La mayor participación de lo público en lo privado podría ayudar a controlar a las empresas, ya que el Estado funcionaría como ente regulador; pero, a su vez, el exceso de intervencionismo podría povocar mecanismos de estatización que llevarían al ausentismo de la inversión y a la fuga de capital al exterior.

La aplicación de leyes mercantiles requiere la participación del Estamento Jurídico Estatal, por lo que la participación del Estado aceleraría y haría más transparentes los procesos; pero, a su vez, las leyes que se dicten con muchas restricciones, provocan la contracción del mercado, y esto genera especulación, por lo que las inversiones se verían desestimuladas tanto internas, como externas.

Muchas son las aristas a discutir sobre la participación de lo público en lo privado, por lo que resulta, al menos difícil justificar que una decisión tan importante haya sido tomada mediante un DNU, sin la participación del Congreso.

No es la cantidad, sino la calidad. La ecuación más simple sería pensar que “quien más DNU firmó, más autoritario fue”. Quizá sea correcto, pero el problema es que los asuntos de los DNU están claramente definidos en la Constitución, y muchas veces se “peca” por un apuro que tiene como motivo principal, otros intereses.

¿Por qué será que ciertas medidas que ameritan un debate intenso previo, son tomadas como “urgentes” y evitan este paso? ¿Habremos entrando en una era en la que la manera de tomar las decisiones más polémicas, sea mediante decretos de necesidad y urgencia?
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